• 1.1 Administración Pública.
• 1.2 Tipos de administración pública.
• 1.3 Acto administrativo en la administración pública.

• Análisis exhaustivo de la naturaleza y alcance de los actos administrativos.
• Control de legalidad: Verificación de los elementos esenciales de validez (competencia, objeto, causa y forma) en las resoluciones.
• Argumentación jurídica: Desarrollo de la fundamentación y motivación técnica para sustentar decisiones administrativas.

• Participación.
• Análisis de caso.

• 1.4 Generalidades y Sujetos del Juicio.
  • 1.4.1 Objeto: Regular los juicios promovidos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
  • 1.4.2 Supletoriedad: A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
  • 1.4.3 Partes en el juicio.
• 1.5 La Demanda y su Contestación.
  • 1.5.1 Plazos para presentar la demanda.
  • 1.5.2 Requisitos esenciales.
  • 1.5.3 Ampliación de demanda.
  • 1.5.4 Contestación.
• 1.6 Tipos de Juicio (Vías Procesales).
  • 1.6.1 Vía Tradicional.
  • 1.6.2 Juicio en Línea.
  • 1.6.3 Substanciación integral a través del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, usando firma electrónica avanzada.
  • 1.6.4 Vía Sumaria.

• Observar el marco normativo y la estructura procesal del Juicio Contencioso Administrativo Federal, a fin de determinar el ámbito de aplicación de la ley, integrar la supletoriedad legal conducente y precisar la legitimación de los sujetos procesales que intervienen en la litis.
• Dotar al participante de las competencias técnicas necesarias para instrumentar los actos de postulación, garantizando la tutela jurisdiccional efectiva mediante el cumplimiento de las formalidades procesales, el manejo preciso de los términos de preclusión y la correcta fijación de la controversia.
• Reflexionar sobre la operatividad del juicio contencioso administrativo descansa en la correcta elección de su vía: la Sumaria, como respuesta expedita a la necesidad de justicia pronta en casos de cuantía limitada; y el Juicio en Línea, como el modelo de gestión digital que, mediante la validación por Firma Electrónica Avanzada, garantiza la máxima transparencia y el acceso remoto a la función jurisdiccional.

• Participación que consiste en elaborar un cuadro comparativo de plazos de instrucción entre las distintas vías, identificando los momentos críticos de preclusión para cada una.

• 1.7 Tipos de Medidas Cautelares.
  • 1.7.1 Suspensión de la ejecución: Detiene los efectos del acto impugnado.
  • 1.7.2 Quién puede decretar medidas para mantener la situación de hecho o evitar que el litigio quede sin materia.
  • 1.7.3 Perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.
• 1.8 Tipos de Incidentes.
  • 1.8.1 Incompetencia por materia.
  • 1.8.2 Acumulación de juicios.
  • 1.8.3 Nulidad de notificaciones.
  • 1.8.4 Recusación por causa de impedimento.
  • 1.8.5 Reposición de autos.
  • 1.8.6 Interrupción del juicio.
• 1.9 Pruebas.
• 1.10 Cierre de Instrucción.
• 1.11 Sentencia.

Analizar la naturaleza jurídica y los supuestos de procedencia de la suspensión de la ejecución, para paralizar los efectos del acto administrativo y evitar daños de imposible reparación al administrado.

Determinar las facultades del Magistrado Instructor para decretar medidas que preserven la materia del litigio o mantengan la situación de hecho, garantizando la eficacia de la sentencia definitiva.

Evaluar los límites a la discrecionalidad judicial mediante el análisis del interés social y el orden público, asegurando que la medida cautelar no contravenga disposiciones de observancia general.

• Comprender que las medidas cautelares buscan asegurar la eficacia de la sentencia y evitar daños irreparables, siempre que no se afecte el interés social ni el orden público.
• Identificar cuáles suspenden el juicio principal: incompetencia, acumulación, nulidad de notificaciones, recusación, reposición de autos e interrupción del juicio.
• Comprender que el actor debe probar los hechos de su derecho, mientras que la autoridad goza de una presunción de legalidad que debe ser desvirtuada.
• Diferenciar entre pruebas que alcanzan el estándar de prueba plena y aquellas sujetas a la prudente apreciación del Tribunal.

• Redactar un capítulo de medidas cautelares en un escrito inicial, fundamentando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora para preservar la materia del litigio.
• Al finalizar, el alumno será capaz de dictaminar si una prueba es suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos y determinar con precisión técnica cuál es la causal de ilegalidad que debe invocarse en una demanda.

• 1.12 Tipos de Recursos.
  • 1.12.1 Recurso de Reclamación.
  • 1.12.2 Recurso de Revisión.
  • 1.12.3 Recurso de Queja.
  • 1.12.4 Aclaración de Sentencia.

• Diferenciar los tipos y plazos de los diversos recursos que existen como mecanismo coercitivo para asegurar el pleno cumplimiento de las sentencias y medidas cautelares.

• El alumno con lo obtenido en el presente módulo, a partir de casos hipotético, deberá fundamentar qué tipo de recurso de debe interponer.

• 1.13 Justicia y Resarcimiento: El Juicio de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
  • 1.13.1 Relación de Causalidad.
  • 1.13.2 Valoración del Daño: Criterios para evaluar el perjuicio causado.
  • 1.13.3 Cuantificación de la Indemnización.
  • 1.13.4 Reglas de Concurrencia.

• Determinar y acreditar técnicamente el vínculo directo entre la actividad administrativa irregular de los servidores públicos y la lesión producida al particular, requisito indispensable para la procedencia del resarcimiento.
• Identificar y aplicar los criterios legales para evaluar el perjuicio causado, distinguiendo el efectivo real al patrimonio o derechos del actor derivada del acto administrativo.
• Desarrollar la capacidad de establecer el monto económico de reparación, explicitando con claridad los criterios y parámetros técnicos utilizados para su cálculo, asegurando que la sentencia sea ejecutable y proporcional al daño.

• El alumno será capaz de analizar y aplicar los requisitos técnico-jurídicos esenciales que debe contener una sentencia en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, con el fin de garantizar el resarcimiento efectivo del particular mediante la correcta fundamentación de la causalidad, la valoración del daño y la cuantificación de la indemnización bajo las reglas de concurrencia vigentes.